Prisiones advierte que introducir celulares en cárceles puede costar años de prisión a familiares, abogados y guardias
La DGSPC refuerza operativos tras ocupar teléfonos a cinco reclusos en Las Parras e investiga si personal penitenciario fue cómplice.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) advirtió este domingo 4 de octubre que familiares, abogados y empleados del sistema penitenciario pueden terminar presos si los sorprenden metiendo celulares, drogas, alcohol u objetos prohibidos a las cárceles del país. La advertencia llega tras un operativo en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra, donde se le ocuparon teléfonos y artículos ilícitos a cinco privados de libertad.
Cinco reclusos van a aislamiento en Las Parras
Los detenidos con los objetos prohibidos son Ángel David Medina Paredes (Guindo), Rafi de León, Freddy Manuel Thompson, Fraudy Antonio Castillo y Jairo Amparo, este último de ingreso reciente al centro. Los cinco permanecerán en celdas de aislamiento individual hasta que la Comisión de Evaluación y Sanción conozca sus casos y determine las sanciones correspondientes, conforme a los protocolos del sistema.
La institución además abrió investigaciones internas para determinar si algún miembro del personal penitenciario facilitó el ingreso de los artículos ocupados.
El operativo es permanente y cubre todas las cárceles del país
La DGSPC aclaró que el Operativo Nacional para la Erradicación de Ilícitos no es puntual ni reactivo: se desarrolla de forma permanente en todos los centros del país. Mediante este programa se han detectado e impedido entradas de drogas, bebidas alcohólicas, teléfonos celulares y otros artículos destinados a los internos.
Cuando alguien es sorprendido, la institución lo remite de inmediato a las autoridades. Esa misma regla aplica para los empleados penitenciarios identificados como cómplices, como ocurrió recientemente en un centro de la provincia de Montecristi.
Mujer recibió tres meses de prisión por intentar meter sustancias al CCR Las Parras
Para reforzar que las amenazas no son palabras vacías, la DGSPC recordó un caso de junio pasado: una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Mercedes Ogando Montero, imputada de intentar introducir sustancias narcóticas al mismo CCR Las Parras. Ogando Montero cumple esa medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal. El Ministerio Público sigue adelante con las investigaciones del caso.
Qué sigue
La Comisión de Evaluación y Sanción de la DGSPC tiene ahora sobre la mesa los casos de los cinco reclusos de Las Parras. Paralelamente, las investigaciones internas sobre posible complicidad del personal penitenciario no han concluido. La presión sobre familiares y abogados que visitan los centros queda clara: quien entre con artículos prohibidos sale esposado.
