Una inteligencia artificial ya no podrá decidir sobre ti
Un decreto firmado por el presidente Luis Abinader pone límites a la inteligencia artificial dentro de las instituciones públicas: no podrá perfilarte, vigilarte en masa ni decidir sola en casos penales.
Ningún sistema de inteligencia artificial en servicios públicos podrá ya evaluarte para decidir a qué derechos o servicios del Estado tienes acceso. Así lo establece el Decreto 787-26, que el presidente Luis Abinader firmó el pasado 2 de noviembre, según reseñó RCC Noticias.
La norma, además, cierra la puerta a que esta tecnología sirva para manipular las opiniones políticas de la gente o para tomar decisiones penales sin que una persona intervenga.
Lo que el decreto le prohíbe a la IA
El decreto es el instrumento que da vida al Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. Es decir, fija las reglas del juego para cualquier institución de la Administración Pública que quiera apoyarse en estas herramientas.
Entre las prácticas vedadas figura el uso de sistemas que ordenen a los ciudadanos en categorías sociales y, con eso, les limiten el acceso a derechos o servicios. Si tú o tu familia necesitan un trámite o una ayuda del Estado, el perfil que un programa te asigne no podrá ser el que decida.
También queda vetado emplear la tecnología para señalar a posibles delincuentes tomando como base su condición socioeconómica.
Cámaras, voz y paso: la vigilancia en la calle
El código pone freno a la identificación biométrica masiva y sin distinción en lugares públicos. Eso alcanza al reconocimiento del rostro, de la voz y de la forma de caminar, siempre que falten las garantías legales y judiciales que corresponden.
Otro punto: no se permiten los sistemas que predicen delitos y etiquetan a alguien como posible infractor por el barrio donde vive, su origen étnico o su situación económica. El texto sostiene que ese tipo de práctica choca con la presunción de inocencia y el debido proceso.
Una persona tiene la última palabra
Cuando se trata de sentencias penales, medidas de coerción o privación de libertad, los algoritmos no pueden sugerirlas, definirlas ni aplicarlas por sí mismos. Para cualquiera de esas decisiones tiene que haber una persona involucrada de forma directa.
Contexto: por qué se regula ahora
Las instituciones de muchos países usan cada vez más herramientas de inteligencia artificial para agilizar trámites y analizar datos. Ese avance ha encendido el debate sobre los riesgos para los derechos de los ciudadanos, y con este decreto República Dominicana deja por escrito sus límites para el sector público.
La fuente no explica cómo se vigilará que se cumpla el código ni qué institución quedará encargada de aplicarlo. Ese será el punto a seguir en los próximos días.
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