El juicio de Jean Alain Rodríguez se paraliza
Las tres juezas dejan el expediente quieto hasta que la Corte de Apelación decida una recusación. La procuradora Mirna Ortiz, de la Pepca, sostiene que las defensas buscan ganar tiempo.
El juicio de Jean Alain Rodríguez no avanza por ahora. Las tres juezas del caso se apartaron de cualquier actuación hasta que la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida si acepta la recusación que dos defensas depositaron contra ellas.
La tarde de este miércoles 4 de noviembre, el Ministerio Público salió a responder. Según informó De Último Minuto, acusa a los abogados del exprocurador general de la República y de otros imputados de usar aplazamientos, licencias médicas e incidentes para que el tribunal nunca llegue a mirar las pruebas.
Qué pasa con el expediente mientras tanto
Las magistradas rechazaron los argumentos de la recusación por considerarlos improcedentes, pero igual enviarán el asunto a la Corte de Apelación, que es quien debe resolverlo. Hasta que eso ocurra, no harán ningún trámite relacionado con el proceso.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dejó marcada, de forma tentativa, la fecha del 16 de noviembre para volver a reunirse.
Quién pidió apartar a las juezas
El pedido lo hicieron los abogados de Ramón Lucrecio Burgos y de Rafael Augusto Solano, según detalló el Ministerio Público. La recusación apunta a Yissel Soto, quien preside el tribunal, y a sus colegas Clara Castillo y Harlin Elizabeth Rosario.
La versión de la Pepca: "las pruebas hablarán"
Al salir de la sala, la procuradora de corte Mirna Ortiz, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), habló con la prensa. Dijo estar convencida de que la Corte de Apelación va a tumbar la recusación porque, en su opinión, no tiene base legal.
Ortiz puso el foco en el momento: los abogados recusaron justo después de que el tribunal decidiera guardar para la sentencia final el análisis de 21 incidentes que ellos mismos plantearon. "Sobre la base de no gustarles lo que el tribunal ha decidido, una decisión conforme al derecho, pues han decidido recusar al tribunal", dijo.
La funcionaria agregó que, tras la audiencia previa, algunos defensores soltaron frases que ella entendió como amenazas. De acuerdo con su relato, dijeron que las juezas "iban a pagar por lo que habían hecho".
También lanzó una pregunta de fondo: "Lo que debemos todos preguntarnos es cómo aquellas partes que pretenden la extinción de la acción, porque supuestamente los plazos han vencidos, son las que promueven recusaciones, promueven aplazamientos, traen licencias médicas y plantean, replantean incidentes que ya han sido cien veces fallados por el tribunal".
Y cerró con una advertencia: "Es evidente que a lo que la defensa de Jean Alain Rodríguez y compartes le rehúyen es al conocimiento de las pruebas de este proceso, pero tal y como advirtió el tribunal: ¡aquí nos veremos!. Las pruebas hablarán y evidentemente que vendrán las sentencias condenatorias que es lo que todos esperamos".
Todo lo anterior es la postura del Ministerio Público. No es una decisión de los jueces sobre si los acusados son culpables o inocentes.
Lo que había decidido el tribunal el lunes
El lunes 2 de noviembre, el Segundo Tribunal Colegiado aceptó un pedido de la acusación: posponer la respuesta a esos 21 incidentes y resolverlos todos junto con el fondo del juicio.
Las juezas explicaron que esos planteamientos obligan a revisar cuándo ocurrieron los hechos, cómo se consiguieron las pruebas y qué responsabilidad se le atribuye a cada acusado. Dijeron además que varios incidentes exigen establecer a quién pertenecen realmente los bienes incautados, algo que solo se puede ver al analizar la acusación y las pruebas que se presenten en el juicio.
Este miércoles, Ortiz también objetó los recursos de oposición de algunas defensas y sus pedidos de más tiempo para tramitarlos. Según ella, el Código Procesal Penal no los permite.
Más de RD$6,000 millones en el centro del caso
El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades ocurridas entre 2016 y 2020, cuando Rodríguez era procurador general. Sostiene que esos hechos causaron una malversación mayor a RD$6,000 millones, a través de procedimientos que describe como fraudulentos.
Las acusaciones incluyen corrupción, cobro de sobornos, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. En el expediente aparecen, junto a Rodríguez Sánchez, Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
La lista continúa con Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Qué toca ahora
La pelota está en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Hasta que responda, el juicio sigue detenido. La fecha que hay en el calendario, todavía tentativa, es el 16 de noviembre.
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