Una jueza frena las amenazas de Trump a funcionarios electorales
Una magistrada federal ordenó al Departamento de Justicia cesar las advertencias de procesamiento penal contra trabajadores electorales, a días de las elecciones de medio mandato.
Las amenazas de Trump a funcionarios electorales recibieron un golpe judicial contundente este viernes 31 de octubre: una jueza federal prohibió al Departamento de Justicia de Estados Unidos seguir intimidando con procesamientos penales a los trabajadores estatales y locales que administran los comicios, a solo días de las elecciones de medio mandato.
La magistrada Trina Thompson, del tribunal federal del distrito norte de California, dictó la orden en respuesta a una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y otros grupos. La jueza argumentó que el interés público exige que los trabajadores electorales puedan cumplir sus funciones conforme a la legislación federal y los procedimientos establecidos.
Qué prohíbe exactamente la orden judicial
La decisión va más allá de detener las amenazas verbales. Thompson prohibió también a la Administración del presidente Donald Trump exigir la eliminación de votantes de los padrones electorales, rechazar la entrega de papeletas a determinados electores o separar los votos emitidos en noviembre bajo el argumento de dudas sobre la elegibilidad de quienes los emitieron.
Además, la orden obliga al Departamento de Justicia a contactar directamente a los funcionarios estatales y locales que ya recibieron advertencias de posibles procesamientos, para notificarles que esas amenazas quedan prohibidas a partir de ahora, según informó Panorama.
Un patrón de derrotas judiciales para el Gobierno
El fallo de Thompson no es un caso aislado. Esta semana, el juez federal David Carter rechazó una solicitud del Departamento de Justicia que buscaba anular hasta 20,000 votos de personas identificadas por las autoridades como posibles no ciudadanas en California. El viernes, un tribunal de apelaciones confirmó esa decisión y la mantuvo vigente.
El fallo se suma así a un patrón de decisiones judiciales adversas a las iniciativas del Gobierno de Trump para revisar la elegibilidad de votantes, justo cuando el país se aproxima a las elecciones de medio mandato.
Qué sigue en este pulso entre la Casa Blanca y los tribunales
El Departamento de Justicia no ha indicado públicamente si apelará la orden de Thompson. El momento es crítico: con los comicios de noviembre a la vuelta de la esquina, cualquier movimiento del Gobierno para desafiar el fallo podría escalar el conflicto constitucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial federal. Los grupos demandantes, encabezados por el SEIU, celebraron la decisión como una victoria para la integridad del proceso electoral.
