Juicio a Jean Alain sigue atascado con 21 incidentes

La primera audiencia de noviembre del caso Jean Alain terminó sin que las defensas obtuvieran respuesta a ninguno de sus 21 planteamientos, y con un choque abierto entre los abogados de los acusados y las tres juezas que llevan el proceso. La jornada dejó al juicio en el mismo punto de partida, con los incidentes diferidos y los recursos impugnatorios por resolver.

Tribunal pospone 21 incidentes hasta la etapa de fondo

Tres magistradas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Clara Zobeida Castillo Jiménez, Yissel Soto Peña y Jarolyn Rosario, determinaron que los 21 planteamientos de las defensas no podían despacharse en esta fase del proceso. Su argumento: responderlos a fondo exige revisar la cronología del expediente, el modo en que se recogieron las pruebas aceptadas en el auto de apertura, la participación específica de cada acusado y el origen de los bienes ocupados. Por eso aplicaron el artículo 210, párrafo II del Código Procesal Penal para diferir el asunto a la etapa sustantiva.

Las juezas aclararon que posponer esos incidentes no lesiona las garantías de los imputados, sino que obedece a cuándo, procesalmente, corresponde examinarlos con la profundidad necesaria.

La lista de incidentes no es menor: incluye objeciones a la validez de pruebas documentales, testimoniales y digitales; peticiones de nulidad de actuaciones; solicitudes de exclusión de evidencias; alegatos de prescripción; reclamos de falta de precisión en las conductas atribuidas; y pedidos de devolución de bienes muebles e inmuebles incorporados como material probatorio.

Abogados exigen seis días para recurrir y el tribunal los frena

Ahí no terminó el encontronazo. Cuando las magistradas fijaron tres días para impugnar su decisión, las defensas respondieron de inmediato que eso era insuficiente. Manuel Sierra Pérez, quien representa a Alfredo Alexander Solano Augusto, argumentó que la complejidad del proceso fue declarada desde la audiencia inaugural del 8 de julio de 2021, lo que a su juicio obliga a aplicar el plazo de seis días que la ley reserva para expedientes complejos.

Carlos Balcácer, defensor de Jean Alain Rodríguez, se sumó a esa postura y no escondió su irritación con el tribunal. "Ellas vienen de forma desafiante, como si fueran jueces de paz", dijo Balcácer al referirse a la actitud de las magistradas frente a los recursos presentados por las defensas.

El tribunal declaró inadmisibles esos recursos en cuanto a la forma, pero aun así hizo una concesión parcial: autorizó a los abogados a exponer sus fundamentos de manera oral en la siguiente audiencia. Para justificar esa salida, las juezas citaron los derechos de defensa y garantías del debido proceso consagrados en la Constitución y en el Código Procesal Penal.

Sierra Pérez leyó ese giro no como una concesión, sino como una represalia. "Nosotros vamos a exigir, en el campo de lo que manda la legislación, un reclamo de ese comportamiento", advirtió al ser consultado sobre lo ocurrido.

El Ministerio Público quería exactamente esto

La procuradora de corte Mirna Ortiz, a la cabeza de la representación del Ministerio Público ante el caso Jean Alain, había pedido desde el inicio que los 21 incidentes se reservaran para el fondo. Su razonamiento fue que ninguno de los planteamientos de las defensas acreditaba las irregularidades que alegaban, y que debatirlos ahora solo serviría para dilatar el avance del juicio.

Ortiz también rechazó la demanda de seis días. Su postura, expresada en sala, fue que una decisión adoptada en audiencia sobre puntos planteados en esa misma sesión debe recurrirse en el acto, sin plazos adicionales. "Las defensas están planteando aquí un recurso de oposición a una decisión que lo único que ha procurado es garantizar derechos", expresó la representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), según recogió n.com.do.

Más de RD$6,000 millones en juego y un acusado que niega todo

Jean Alain Rodríguez encabezó la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020. El Ministerio Público sostiene que en ese período se montó una red de corrupción administrativa vinculada a contrataciones, manejo de fondos públicos y operaciones internas de la institución, con un perjuicio al Estado que supera los RD$6,000 millones. Rodríguez rechaza los cargos y califica el proceso como una persecución política.

El miércoles 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, las partes expondrán oralmente los argumentos de sus recursos ante las tres magistradas. La forma en que el tribunal responda a esa presión determinará si el juicio logra finalmente encaminarse hacia el fondo, o si las batallas incidentales siguen marcando el ritmo del proceso.