El comercio ilícito le cuesta a la industria y al fisco dominicano
La AIRD respaldó en el Consejo Interinstitucional Público-Privado la propuesta de articular el Código Penal con las leyes de lavado de activos y extinción de dominio para endurecer las sanciones.
El comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados no son solo un problema policial: le cuestan dinero real a la industria nacional, ponen en riesgo la salud de los consumidores y le restan recaudación al Estado. Con ese diagnóstico sobre la mesa, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó los esfuerzos del Estado dominicano para combatir estas prácticas y exigió una respuesta legal más articulada.
La industria se sienta en el Consejo y pide más dientes legales
La posición de la AIRD quedó clara durante una reunión del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito. La asociación apoyó la propuesta de conectar las disposiciones del Código Penal con las leyes de lavado de activos y extinción de dominio, una combinación que, en la práctica, daría al Estado el poder de ir tras el dinero y los bienes de quienes operan en el mercado ilegal.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, fue directo: "Combatir el comercio ilícito es una tarea que requiere el compromiso de las autoridades y del sector privado. Desde la industria, acompañamos estos esfuerzos porque protegen a los consumidores y a las empresas que invierten, generan empleos y cumplen con sus obligaciones".
Competencia desleal, salud en riesgo y menos impuestos para el Estado
La AIRD subrayó que el problema tiene tres frentes simultáneos. Primero, genera competencia desleal para las empresas formales que sí pagan impuestos y siguen las reglas. Segundo, expone a los consumidores a productos sin controles de calidad ni seguridad. Tercero, erosiona la recaudación fiscal, lo que afecta directamente los servicios públicos que todos financian.
Pujols amplió la mirada más allá de los productos ilegales en sí: "El país cuenta con herramientas legales importantes para enfrentar estas prácticas. La propuesta presentada en el Consejo contribuye a aprovecharlas de manera articulada, identificar los recursos que generan estas actividades y, cuando corresponda legalmente, privar a sus responsables de los beneficios económicos obtenidos".
El marco legal y quiénes dirigen el esfuerzo
El Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito fue creado por la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito. Lo preside la Procuraduría General de la República y su secretaría la ejerce el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. La AIRD reconoció explícitamente las recomendaciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y del ministro Eduardo Sanz Lovatón como aportes clave al trabajo interinstitucional.
No es la primera vez que la AIRD se pronuncia sobre el tema. La asociación ya había señalado anteriormente que las medidas contra el comercio ilícito "son clave para el sector industrial", lo que muestra una postura sostenida a lo largo del tiempo, no un gesto puntual.
Qué sigue: datos del sector privado para la fiscalización
Como parte de su compromiso, la AIRD también se comprometió a suministrar información sobre los productos y las modalidades de comercio ilícito que afectan al mercado, para apoyar las labores de prevención, fiscalización y control de las autoridades. El siguiente paso concreto es que la propuesta de articulación legal avance dentro del Consejo hacia una aplicación efectiva que combine prevención, intercambio de información y sanción real.
