Los nuevos magistrados ya tienen su primera prueba del empresariado
La AIRD formalizó su respaldo a los siete nombramientos en el máximo tribunal, pero advirtió que los medirá por sus fallos comerciales y contractuales en los próximos meses.

La industria dominicana tiene sus ojos puestos en la Suprema Corte de Justicia. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) emitió un comunicado formal respaldando los recientes nombramientos en el máximo tribunal, con un argumento central: sin seguridad jurídica en la Suprema Corte, no hay inversión que llegue ni empleo que se sostenga. Para el gremio, los perfiles seleccionados ofrecen una base real para ese objetivo, pero la validación vendrá de los resultados, no de las credenciales.
Justiniano Montero al frente, seis magistrados más completan la renovación
La AIRD destacó la llegada de Justiniano Montero Montero a la presidencia del tribunal. Junto a él se incorporan seis nuevos integrantes: Ylona María de la Rocha Camilo, Diomedes Ydelfo Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau, de acuerdo con el comunicado difundido por la asociación y recogido por Diario Financiero.
Lo que el gremio subrayó no fue solo quiénes son, sino de dónde vienen. El grupo combina magistrados formados dentro del Poder Judicial con otros que llegan del litigio privado, la academia universitaria y el arbitraje mercantil. Para la AIRD, esa combinación de orígenes puede enriquecer los debates internos del tribunal y dar mayor consistencia a sus decisiones.
Por qué la justicia le mueve el bolsillo al sector productivo
En su posicionamiento, el gremio industrial trazó una línea directa entre el funcionamiento de los tribunales y la salud de la economía. Cuando un sistema judicial resuelve con rapidez y aplica la ley de forma predecible, las empresas pueden planificar a largo plazo, expandir operaciones y atraer socios extranjeros. Cuando esa certeza falla, el capital busca otro destino.
Esa lógica no es nueva para la AIRD: el gremio ha argumentado de manera consistente que la calidad del sistema judicial es un factor que incide directamente en la captación de inversión extranjera directa. Bajo ese razonamiento, la renovación de la Suprema Corte se convierte en un evento con consecuencias económicas tangibles, no solo institucionales. La asociación espera que los nuevos magistrados coloquen su experiencia "al servicio de una justicia independiente, eficiente y comprometida con el Estado de derecho", según cita textual del comunicado.
El calendario que el empresariado ya empezó a correr
El respaldo de la AIRD tiene fecha de vencimiento implícita. El gremio señaló que lo que ocurra con los criterios del tribunal en materia comercial y contractual durante los próximos meses será la vara concreta con la que el sector productivo evaluará si estos nombramientos generaron un cambio real o se quedaron en buenas intenciones.
En otras palabras: aplausos hoy, sentencias mañana. La seguridad jurídica que la industria dominicana reclama no se mide en comunicados de bienvenida sino en plazos de resolución, coherencia de fallos y protección efectiva de contratos. El nuevo tribunal tiene la conformación para responder. Lo que falta es que lo demuestre.




