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239 extranjeros imputados por delitos electorales bajo Trump, varios son latinos

El Departamento de Justicia formalizó una nueva ronda de 63 cargos por voto ilegal y registro fraudulento; colombianos, mexicanos, cubanos y hondureños están en la lista.

Por El Run Runeo Actualidad · 3 de noviembre de 2026 · 3 min de lectura
Fachada del edificio del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington D.C. con bandera americana
Fachada del edificio del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington D.C. con bandera americana

La Administración Trump escaló su cruzada contra el fraude en las urnas: el Departamento de Justicia acusó formalmente a 63 ciudadanos extranjeros de cometer delitos electorales, incluidos residentes permanentes latinoamericanos que habrían votado o se habrían registrado en el padrón sin tener la ciudadanía. El fiscal general Todd Blanche calificó la operación como el mayor incremento de arrestos por este tipo de delitos desde que Trump retomó la Casa Blanca.

Sumados a imputaciones anteriores, el total de extranjeros procesados por delitos electorales en lo que va del segundo mandato de Trump asciende a 239 personas, distribuidas en múltiples estados, de acuerdo con lo reportado por RNN.

Latinoamericanos con residencia permanente, al frente de los nuevos cargos

El perfil más llamativo de esta ronda es el de residentes permanentes legales, es decir, personas con tarjeta verde, que de todos modos habrían participado en comicios reservados a ciudadanos. La colombiana Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años, habría afirmado ante las autoridades de Carolina del Norte que era ciudadana para poder inscribirse en el padrón y emitir su voto en las elecciones generales de 2024. Ese mismo estado figura como escenario de los casos de la argentina Yamila Avalos, también titular de residencia permanente acusada de sufragar sin ciudadanía, y del cubano Juan Florencio Ramos, señalado por haber mentido sobre su nacionalidad para poder votar.

En Texas, la fiscalía apunta a tres mexicanos con estatus de residentes permanentes: Diego Benavides Rodríguez (29 años), José Vásquez-Mendoza (51) y Karen Hinojosa-Martínez (37). En Tennessee, la hondureña Mariela Elizabeth Ávila Ortiz, de 33 años con residencia permanente legal, enfrenta cargos por haber sufragado en los comicios presidenciales de 2024, en los cuales los votantes eligieron presidente, vicepresidente y miembros del Congreso.

No solo latinos: el alcance es global

La ofensiva del Departamento de Justicia no se circunscribe a Latinoamérica. Entre los 63 nuevos imputados hay personas procedentes de Canadá, Europa, Asia y África, lo que subraya el carácter amplio de la campaña. En total, en las últimas nueve semanas, 195 extranjeros han sido acusados en 25 estados por supuestas irregularidades relacionadas con el sufragio y la inscripción en el padrón.

El mecanismo más recurrente, según la acusación, consiste en declarar falsamente ante funcionarios electorales que se es ciudadano para poder registrarse o emitir el voto, además de presentar solicitudes de inscripción con información falsa.

El choque con los estados y los tribunales

La ofensiva federal no ha marchado sin obstáculos. En California, el Gobierno intentó anular más de 20,000 votos enviados por correo que, a su juicio, correspondían a personas sin derecho al sufragio. La iniciativa chocó contra al menos cuatro instancias judiciales que la bloquearon, incluyendo al Tribunal Supremo. El pulso entre Washington y los estados con mayoría demócrata muestra que la batalla legal está lejos de resolverse.

Los estudios matizan la magnitud del fenómeno

Pese a la intensidad de la campaña, los datos disponibles sugieren que el voto de no ciudadanos es un fenómeno marginal. La Heritage Foundation, organización de tendencia conservadora, registró apenas 23 casos documentados entre 2003 y 2022 en todo el país. El Brennan Center for Justice, por su parte, calculó que en las elecciones de 2016 apenas el 0.0001% de los votos contabilizados en 42 jurisdicciones pudo haber provenido de personas sin ciudadanía, y solo dos de esas jurisdicciones registraron casos potenciales.

Lo que sigue pendiente es el desenlace judicial de los 239 imputados acumulados en este mandato, y si los tribunales federales darán luz verde a las iniciativas más agresivas del Departamento de Justicia frente a la resistencia de los estados.

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